Encuesta entre profesionales jurídicos y económicos
PRESENTACIÓN
El presente estudio aborda la valoración que sobre los notarios y su actividad tienen los profesionales jurídicos y económicos españoles. Los datos del presente sondeo indican una buena valoración del Notariado y su labor en el ámbito jurídico y empresarial.
El actual sondeo incluye, además, una batería de preguntas referidas específicamente a la intervención notarial en el concreto caso de la constitución de nuevas empresas. También aquí los resultados son inequívocamente positivos.
1. LA FUNCIÓN NOTARIAL: UNA EVALUACIÓN DE CONJUNTO
La evaluación de conjunto que los seis grupos de profesionales jurídicos y económicos consultados realizan de la situación actual en España de la función notarial es masiva mente positiva:
El 84% afirma su utilidad para el mejor funcionamiento de la vida social y jurídica (véase Cuadro 1.1) y un porcentaje prácticamente idéntico (83%, véase Cuadro 1.2) evalúa positivamente la forma en que funciona en la actualidad el sistema notarial español. En estas dos opiniones resulta destacable la total coincidencia entre los seis grupos profesionales consultados.
En conjunto, y como cabría esperar de una imagen global tan positiva, predominan en proporción de dos a uno (60% frente a 29%) los profesionales jurídicos y económicos partidarios de que el actual sistema notarial se mantenga tal y como está.
Esta idea es especialmente predominante entre asesores jurídicos (74%) y fiscales (71%). (Véase Cuadro 1.3.) Cualquier actividad profesional, en todo momento, es susceptible de mejora, y el hecho de que un 29% de los consultados piense así respecto de la función notarial constituye una matización, obviamente esperable, de la buena imagen de conjunto. De hecho, los datos del sondeo sugieren que es en lo que respecta al proceso de modernización en lo que puede estar pensando ese 29% partidario de cambios: en efecto, un porcentaje prácticamente idéntico (33%, véase Cuadro 1.4) estima que los notarios españoles no se han modernizado aún suficientemente. Es decir, reconocen cambios en esa dirección, pero consideran que deben ampliarse.
La clara mayoría absoluta de los profesionales consultados (63%, véase Cuadro 1.5) no han tenido nunca problemas en su actividad profesional derivados de una negativa —a su juicio injustificada— a autorizar o a inscribir. Entre quienes sí se han encontrado alguna vez con este tipo de problemas, son tres veces más numerosos quienes mencionan a los registradores que a los notarios (33% frente a 11%).
Con la típica y tópica frase de Joaquín Costa, vieja ya de más de un siglo ("Notaría abierta, juzgado cerrado"), que subraya la función profiláctica sobre la vida social de la función notarial, se muestran de acuerdo casi seis de cada diez profesionales jurídicos y económicos (véase Cuadro 1.6).
2. NUEVOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN, NUEVAS FUNCIONES
Ocho de cada diez profesionales jurídicos y económicos son partidarios de la intervención del notario en la formalización de préstamos y créditos, por la garantía que aportan en cuanto a su ajuste a la legalidad y la consiguiente seguridad jurídica que ello conlleva (véase Cuadro 2.1).
Tres de cada cuatro consultados estima que la utilización por parte de los notarios de las nuevas tecnologías supondría no sólo un ahorro sino también mayor seguridad jurídica (véanse Cuadros 2.2 y 2.3). Esta masiva opinión concuerda con el deseo de una modernización aún mayor de la oficina notarial ya comentada.
El acceso on line de los notarios, en el momento de la firma de una escritura, a la información de los registros de la Propiedad y Mercantil supondría, en opinión de un masivo 85%, un reforzamiento de la seguridad jurídica (véase Cuadro 2.4).
Asimismo, un rotundo 91% cree que los notarios deberían disponer de un archivo con los poderes revocados para impedir que quien ya no representa a un tercero pueda actuar de mala fe (véase Cuadro 2.5).
De forma que roza prácticamente la unanimidad, los profesionales jurídicos y económicos consideran no sólo que el notario debe negarse a autorizar un documento que no respete la legalidad, sino que además su colaboración es necesaria en la prevención y lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales (véanse Cuadros 2.6, 2.7 y 2.8).
3. LOS NOTARIOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
Algo más del tercio de los profesionales jurídicos y económicos entrevistados (37%) ha constituido alguna vez una empresa. Este porcentaje es especialmente elevado entre los abogados —los entrevistados eran fundamentalmente mercantilistas— (80%) y los empresarios (70%, véase Cuadro 3.1). Como dato sin más relevancia que la puramente anecdótica, cabe señalar que tres de los cien jueces entrevistados tuvieron esa experiencia en algún momento previo a su pertenencia a la magistratura.
Entre ese sustancial 37% que declara haber constituido alguna vez una empresa, la evaluación positiva de la intervención en dicho proceso del notario es prácticamente unánime (87%, véase Cuadro 3.2).
La mayoría (57%) cree que no fue excesivo, en conjunto, el tiempo que le llevó constituir la empresa (véase Cuadro 3.3). Significativamente este porcentaje es especialmente elevado (66%) entre los empresarios.
No llega al tercio quienes obtuvieron desde la notaría, por vía telemática, la reserva de denominación y el NIF provisional de la empresa en creación (véase Cuadro 3.4) y quienes pudieron remitir desde la notaría la copia electrónica de la escritura al Registro Mercantil correspondiente (véase Cuadro 3.5).
Finalmente, mientras que la amplia mayoría absoluta de quienes han constituido alguna empresa consideran que ni la actuación del notario (67%) ni los trámites para pagar impuestos (60%) supusieron retrasos significativos para el inicio de la actividad empresarial, porcentajes claramente superiores consideran, en cambio, que experimentaron retrasos por causa de los trámites registrales (73%) o por los trámites para la obtención de licencias (locales o autonómicas) (véase Cuadro 3.6).
